Autoridades federales liberaron a cerca de 500 niñas, niños y adolescentes de la casa hogar “La gran familia” localizada en Zamora, Michoacán; quienes de acuerdo con la información, eran víctimas de violaciones y vejaciones. Aun cuando estos hechos ya eran de dominio público, las autoridades habían sido omisas en llevar a cabo las investigaciones correspondientes y detener a los responsables. Este es un caso paradigmático que refleja diversos vacíos institucionales y legislativos que existen en México para la garantía de los Derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran privados de los cuidados familiares.
Este acontecimiento no es un caso aislado, la Red latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) reporta que en México, se identifican aproximadamente 412,456 niñas y niños privados de cuidados parentales, de los cuales cerca de 29,310 se encuentran en las 703 instituciones enfocadas a la atención y cuidado de personas menores de edad[1]. Sin embargo, es importante recordar que seguimos sin conocer el número exacto, su situación jurídica y las condiciones de seguridad en que viven niñas y niños en los albergues (legales y no registradas, tales como anexos y granjas de rehabilitación).
De acuerdo con la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) en el albergue se encontraron seis bebés, 278 niños, 174 niñas y 138 personas mayores de edad. Este tipo de casos son un llamado de atención para Procuradurías de Justicia de los Estados y el Poder Judicial de las entidades federativas, para que superen el abuso de la separación familiar dentro de sus resoluciones, sustentadas en su gran mayoría en prejuicios y discriminación.
Recordamos que las y los jueces están obligados a atender las directrices de la ONU sobre cuidados alternativos y la Convención sobre los Derechos del Niño que llaman a privilegiar el Interés Superior del Niño (y de la Niña) al tener como primera opción la permanencia con su padre o madre, o con su familia extensa y sólo en casos de excepcionalidad se pueda buscar otra forma de acogimiento familiar o institucional como último recurso, por el menor tiempo posible y sólo bajo supervisión oficial.
La Red por los Derechos de la Infancia en México #REDIM y Aldeas Infantiles SOS México, consideramos positivo que el Estado intervenga para proteger y salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes que ven violentados sus derechos. Especialmente si esta acción representa un reconocimiento a la existencia de cientos o miles de albergues sin regulación ni supervisión que son, sin duda, una de las grandes omisiones del Estado Mexicano frente a los derechos de niñas y niños más excluidos.
Recordamos a las autoridades que las intervenciones en este tipo de espacios deben realizarse en el marco del respeto a los derechos humanos de la infancia, es decir, sin separar a hermanos o hermanas que puedan encontrarse en esta situación, o llevando niñas y niños a otra ciudad. Esta precaución tiene especial relevancia al considerar que el Estado Mexicano no cuenta con albergues propios para trasladar al número tan alto de niñas y niños que han rescatados, lo que puede llevar a revictimizarlos o estigmatizarlos al movilizarlos abruptamente.
Ante lo sucedido, el estado tiene la responsabilidad de brindar seguridad a las niñas y los niños que fueron liberados, darles el tratamiento necesario para que puedan recuperarse. Así mismo, respetar el debido proceso de las o los acusados, y especialmente cuidar la cadena de custodia de las instalaciones para recuperar evidencias evitando la impunidad por un proceso de investigación mal logrado.
Este grave caso, representa una oportunidad para que el Estado Mexicano reconozca la necesidad de contar con un 'Sistema Nacional de Garantías de Derechos de la Infancia' el cual podría ser la alternativa para que estos hechos no ocurran, o bien sean atendidos de forma expedita y coordinada por las autoridades. Recordamos que el Comité de los Derechos del Niño (CRC-ONU) ha solicitado al Estado la creación de este Sistema que articule las políticas públicas, programas e instituciones que atienden a la niñez, es decir, los subsistemas existentes como educación, salud, justicia, seguridad, entre otros. En este sentido, hacemos un llamado a:
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Que el Estado Mexicano genere un Sistema de Cuidados Alternativos que no se limite a contar con instituciones de puertas cerradas y esquemas de acogimiento masivo. Este Sistema debe ser paulatinamente superado a través de nuevas leyes que regulen los albergues y estimulen medidas de acogimiento familiar, teniendo como centralidad el derecho de niñas y niños a vivir en familia.
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Al poder legislativo para avanzar en una Ley General de Cuidados Alternativos, ya que sin una regulación que establezca de forma clara y articulada las funciones y responsabilidades de las autoridades que intervienen en casos como este, será difícil proteger los derechos de niños y niñas en esta situación.
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A las autoridades federales para que determinen la responsabilidad de las autoridades que fueron omisas y tienen responsabilidad en el envío, seguimiento y supervisión de la situación de niños y niñas de “La Gran Familia”, así como que investiguen detalladamente cada uno de los casos.
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Recordar la obligación de los gobiernos en el plano tanto federal como local, de adoptar las directrices de las Naciones Unidas para niños privados de cuidados parentales como parte de los marcos jurídicos y administrativos en esta materia.
Atentamente
Juan Martín Pérez García
Director Ejecutivo
Red por los Derechos de la Infancia en México
Fuente: 1-Estatus de la infancia en México. Análisis de la situación de los derechos de los niños y niñas privados del cuidado de sus padres o en riesgo de perderlo. Aldeas Infantiles SOS México y Ririki Intervención Social. Ciudad de México, 2009.