México ocupa el segundo lugar en orfandad infantil en América Latina.

En 2016, se reportó que 33,118 niños, niñas, adolescentes y jóvenes residían en Centros de Asistencia Social (CAS). De ellos, el 73% reside en casas hogar para niñas y niños menores de 18 años y el resto en centros no especializados de niñas, niños o adolescentes.

De acuerdo con el Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) existe un total de 2,919 albergues, centros y casas hogar. Cabe señalar que no todas las instituciones de asistencia cuentan con la misma infraestructura, ni con los ingresos para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

En estos centros se alojan 25,541 menores de edad, cubriendo sólo un 6.4% del total de 400,000 que viven sin el cuidado de sus padres (Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, 2010); sin embargo, no existe un censo que permita conocer este dato con exactitud.

Cabe señalar que algunos de los centros de atención de cuidado, sólo cuentan con recursos para brindar atención básica como alimentación, vestido y calzado, ante esta situación enfrentan dificultades para la manutención, por lo tanto, otras actividades como recreación, atención médica, educación quedan en segundo plano.

Adicional a la carencia de recursos, también existe la falta de capacitación del personal que labora en albergues, centros y casas hogar para brindar atención a niños, niñas y adolescentes que han sufrido la pérdida del cuidado familiar, además de afrontar situaciones de violencia física y psicológica, abuso sexual e incluso el consumo de alcohol y sustancias nocivas para la salud.

Para conocer más sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes que viven sin el cuidado de sus padres es prioritario contar con un censo que permita conocer con exactitud el número y las condiciones bajo las que se encuentran.

Este censo debe permitir un análisis situacional para planificar y enfocar esfuerzos, con el objetivo de implementar medidas de prevención de la desintegración familiar, evaluar y estandarizar los modelos actuales de cuidado de asistencia social y desarrollar modelos de cuidado alternativo que prioricen el interés superior del niño.

Garantizar los derechos de la infancia es una obligación jurídica y una prioridad social que, aunado al diseño de mejores programas institucionales y programáticos, así como al incrementos de la inversión presupuestal en el bienestar de niñas y niños, requiere de una participación y compromiso más amplio, así como de la intervención de todos y cada uno de los sectores y actores del país.